La característica fundamental de esta fase está en que los discursos y palabras en la definición del problema público y la formulación de alternativas se transforman en hechos concretos.

 

Esto implica dos elementos:

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1) la movilización de un conjunto de recursos políticos, jurídicos, financieros y humanos.

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2) la coordinación y garantía de cooperación de los actores relevantes.

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A diferencia de lo que tradicionalmente se cree, existe una amplia brecha entre la decisión de política y su implementación, por lo que los resultados observados pueden ser distintos de los esperados.